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Comunicado a la opinión pública - AGR alerta sobre caso de suplantación de identidad

Auditoría General alerta sobre caso de suplantación de identidad

17 de agosto de 2023

Bogotá D.C., 17 de agosto de 2023. La Auditoría General de la República informa a la opinión pública y especialmente a los organismos de control fiscal el reporte de un caso de suplantación de identidad:

Personas inescrupulosas, actuando en nombre de funcionarios del Ministerio Público y de la Auditora General de la República, están pidiendo información a los contralores territoriales y coordinando citas para discutir, presuntamente, “asuntos inherentes al ejercicio del control fiscal”.
Las comunicaciones han sido a través de mensajes de WhatsApp y llamadas telefónicas, desde la línea 300 364 75 50.

La Auditoría General de la República recomienda a los funcionarios de los entes de control discal y demás entidades:

En caso de ser víctima o conocer de una situación como la mencionada, denunciar estos hechos ante la Fiscalía General de la Nación.
Reiteramos el llamado a los funcionarios del Control Fiscal Nacional y Territorial, y a la comunidad en general, a verificar la información que les sea suministrada, siempre a través de los canales institucionales de la Auditoría General de la República.
No debe revelarse información personal de terceros sin antes contar con autorización del titular y con certeza sobre la identidad del destinatario

Tribunal Contencioso declaró la nulidad de Ordenanza por la cual se creó el Fondo de Bienestar Social de los Servidores Públicos de la Contraloría General de Boyacá

12 de julio de 2023

- la Auditoría General de la República había reiterado la necesidad de legalizar la personería jurídica del Fondo.

En esta sentencia de primera instancia que se reseña, debía determinar el Tribunal Administrativo de Boyacá si la Ordenanza No. 013 de 28 de mayo de 2007, por la cual se creó el Fondo de Bienestar Social de los Servidores Públicos de la Contraloría General de Boyacá se encontraba conforme con el ordenamiento jurídico o si, por el contrario violó el principio de legalidad y se presentó una extralimitación de funciones constitucionales y legales porque el Contralor General de Boyacá no tenía competencia para presentar el proyecto de Ordenanza para la creación del Fondo, entre otros cargos.

Seguir leyendo: https://periodicoeldiario.com/tribunal-contencioso-declaro-la-nulidad-de-ordenanza-por-la-cual-se-creo-el-fondo-de-bienestar-social-de-los-servidores-publicos-de-la-contraloria-general-de-boyaca/

AGR inicia Auditoría Financiera y de Gestión a la CGR

16 de mayo de 2023

Con la participación de la Auditora General de la República, Alma Carmenza Erazo Montenegro, y el Contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, hoy se llevó a cabo la instalación de la auditoría financiera y de gestión a la Contraloría General de la República, proceso que se realizará de acuerdo con los lineamientos y parámetros establecidos por la AGR en la “Guía de Auditoría en el Marco Constitucional y Legal de Vigilancia y Control Fiscal Armonizado con las Normas Internacionales – ISSAI”.

Este ejercicio misional se extenderá hasta el 9 de agosto del año en curso y evaluará la gestión de este organismo de control fiscal en la vigencia 2022 en cuanto a la aplicación de los sistemas de control fiscal, uso de los recursos asignados, gestión de procesos misionales, calidad y eficiencia del control fiscal interno, entre otros ítems de análisis auditor.

Auditora General presenta informe de contratación interadministrativa en VI Congreso Nacional de Contralores, en Riohacha el 27 de abril de 2023

$5,4 billones costó intermediación por contratación interadministrativa entre 2019 y 2022

03 de mayo de 2023

Análisis realizado por la Auditoría General de la República a través de su Observatorio De Política Pública del Control Fiscal, a la contratación interadministrativa territorial, estima que un 20% del monto de contratación bajo esta modalidad, conlleva costos relacionados con la coordinación y tramitación del contrato.
Los resultados de este análisis fueron presentados hoy en el VI Congreso Nacional de Contralores, donde la Auditora General de la República llamó la atención sobre la necesidad de enfocar la vigilancia fiscal en esta modalidad de contratación

La Auditoría General de la República (AGR) realizó un análisis a la contratación pública territorial durante el periodo 2019-2022. La muestra analizada corresponde a 76.785 contratos y convenios interadministrativos suscritos en el territorio, cuyo valor alcanzó en ese periodo un monto de 27,1 billones de pesos.

La investigación arrojó un estimativo del 20% como costo promedio de intermediación entre entidades, representados en gastos por coordinación y tramitación de los contratos, lo cual significa que en cuatrienio estudiado las entidades territoriales gastaron en la intermediación por la suscripción de estos contratos 5,42 billones de pesos.

Frente a esta cifra, la Auditora General de la República, Alma Carmenza Erazo Montenegro, manifestó que “Este valor es significativo para las finanzas del Estado si se tiene en cuenta que, por poner un ejemplo, supera el presupuesto de inversión del Ministerio de Educación para el año 2022, que fue de un poco más de 4 billones de pesos”.

Así mismo, instó a los contralores a fortalecer el control fiscal territorial, dando prioridad a los riesgos inherentes a la contratación interadministrativa

“La AGR hace un llamado de alerta a las controlarías territoriales y las invita a realizar una exhaustiva vigilancia y control a la contratación interadministrativa, especialmente en la observancia de los principios de la contratación pública de economía, eficiencia, eficacia y celeridad, a la luz de los riesgos identificados y en especial en aquellos departamentos y municipios con mayor recurrencia”, manifestó Erazo Montenegro.

Por su parte, el Director de la Oficina de Estudios Especiales de la AGR, Jhonny Marlon Cárdenas, dijo al describir los resultados de la investigación, que aunque la contratación administrativa es legal, pues es un recurso administrativo y jurídico previsto en la normativa existente para la contratación pública, llama la atención que ante la pruralidad de la participación de los oferentes, la contratación interadministrativa puede estar limitando esa participación frente a otros mecanismos como la licitación pública, y agregó:

“Al analizar por sectores en dónde se está invirtiendo el recurso que se utiliza con contratación interadministrativa, resulta que los territorios lo están invirtiendo más en sectores como fortalecimiento institucional o gestión pública que en otros sectores muchísimo más necesarios para el progreso nacional, tales como educación, saneamiento básico o salud”.

Finalmente, Cárdenas Arévalo manifestó que respecto al tipo de entidades que participan en este tipo de contratos, tanto entre contratantes como contratistas, se ha encontrado una llamativa figura: los fondos, los cuales son de diferente índole, como fondos de bienestar, para promoción del desarrollo, para la promoción del deporte, entre otros, instituciones que se están utilizando como mecanismo administrativos para facilitar esa contratación y dejan un estela de duda respecto de si están remplazando o duplicando las funciones del Estado en el Territorio.

Para ampliar la información sobre esta investigación realizada por la Auditoría General de la República, consulte los documentos, video y herramientas que se relacionan a continuación con su respectivo enlace de descarga

Boletín técnico:

https://www.auditoria.gov.co/documents/20123/2115298/Analisis_contratacion_interadministrativa-Boletin_tecnico.pdf/c4daad64-1c1c-d812-4a13-1366e67d3291?t=1682615842289

Presentación en VI Congreso nacional de Contralores:

https://www.auditoria.gov.co/documents/20123/2115298/ACEM-Palabras_6-congreso-naciona-contralores-Riohacha.pdf/7141602d-47f0-c515-0424-49c4ae4165a8?t=1682616049394

Video [fulles en alta calidad]: Declaraciones de Auditora General de la República y del Director de Estudios Especiales de la AGR, sobre informe de análisis a la contratación interadministrativa.

https://we.tl/t-AUvf8m2fp9

AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Oficina de Estudios Especiales y Apoyo Técnico - Grupo de Comunicaciones

prensa@auditoria.gov.co

(601) 3186800 ext. 1152 - 3173628377

AGR inicia investigación a Contraloría del Cesar por denuncias de soborno

Auditora General de la República ordena que a través de la Auditoría Financiera y de Gestión se atiendan denuncias contra Contraloría del Cesar

23 de marzo de 2023

Denuncias de los medios de comunicación de la región hablan de chantajes con cobros por 120 millones de pesos a funcionarios de las entidades auditadas por la Contraloría Territorial
La AGR se encuentra indagando a los representantes legales de las entidades o empresas estatales presuntamente afectadas con el fin de formular denuncias a través de los canales dispuestos por la Auditoría General de la Republica.

La Auditora General de la República, Alma Carmenza Erazo Montenegro, ha ordenado atender las denuncias realizadas por el diario El Pilón, por presuntas irregularidades ocurridas en la Contraloría Departamental del Cesar en la Auditoría Financiera y de Gestión que se iniciará en próximos días.

Según ese diario, servidores de ese ente de control fiscal territorial estarían ejerciendo presiones indebidas y solicitando cuotas económicas a funcionarios de diversos organismos públicos que son sujetos a vigilancia y control fiscal de la contraloría.

Concejales, alcaldes y directores de entidades descentralizadas han manifestado a medios de comunicación de la región, que han sido víctimas de coacción y amenazas de apertura de procesos de responsabilidad fiscal por parte de los auditores del ente de control, por lo que han llegado a pedir cuotas de hasta 120 millones de pesos, según las fuentes periodísticas que han hecho seguimiento al caso.

Por tales motivos la Auditoría General de la República, organismo encargado de la vigilancia de la gestión fiscal de las contralorías del país, inició el día de ayer la recolección de información tendiente a iniciar el ejercicio auditor, con el envio de 136 requerimientos a los distintos sujetos vigilados por la contraloria departamental, para establecer si las actuaciones de del ente de control territorial se atemperan a las normas legales vigentes y procedimientos adoptados por el ente de control fiscal, así como la objetividad de las mismas en su labor de vigilancia y control de las entidades del departamento.

AGR y CGR. Intervención funcional excepcional a Contraloría de Santander

Por solicitud de la Auditoría General, Contraloría General decreta intervención funcional excepcional a proceso de responsabilidad fiscal iniciado por la Contraloría de Santander contra alcaldesa de Suratá

22 de marzo de 2023

De acuerdo con lo que se evidenció en el expediente y en el acto administrativo mediante el cual se solicitó al Gobernador de Santander la suspensión de la alcaldesa del municipio de Suratá, Ana Francisca Coronado Gómez, presuntamente no se cumplen con los requisitos exigidos por la Corte Constitucional para aplicar el principio de verdad sabida y buena fe guardada.
A la Auditoría General de la República le llama la atención la celeridad en la decisión tomada por parte de la Contraloría General de Santander de ordenar la suspensión de la alcaldesa en aplicación al principio de verdad sabida y buena fe guardada sin cumplir con los requisitos jurisprudenciales exigidos, así mismo cuestiona la presunta ausencia de requisitos para proferir el auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal procedimiento ordinario, y considera que posiblemente se están violentando los principios de imparcialidad y objetividad.

La Auditoría General de la República solicitó a la Contraloría General de la República la Intervención Funcional Excepcional a la Contraloría General de Santander, en el proceso de responsabilidad fiscal iniciado en contra de la alcaldesa del municipio de Suratá (Santander), por la presunta vulneración de los principios de imparcialidad y objetividad, al aplicar de forma inadecuada e indebida las normas establecidas para los ejercicios de vigilancia y control fiscal.

En la apertura del proceso de responsabilidad fiscal procedimiento ordinario, la Contraloría General de Santander presuntamente omitió la aplicación de los artículos 39, 40 y 41 de la Ley 610 de 2000, toda vez que no se encuentran reunidos los supuestos de hecho y de derecho para proferir un auto de apertura, toda vez que no poseen todos los elementos probatorios que soportan el presunto daño patrimonial.

En consonancia con lo anterior, resulta desproporcionada la medida de exigir al Gobernador de Santander la suspensión inmediata de la Alcaldesa de Suratá, en aplicación al principio constitucional de verdad sabida y buena fe guardada, pues no se encuentran cumplidos y acreditados los requisitos establecidos por la Corte Constitucional en sus reiteradas decisiones y, más aún, contraviene los derechos políticos de la Alcaldesa expresos en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Adicionalmente, la Auditoría General de la República se encuentra analizando la información remitida por parte de la Contraloría General de Santander de otros procesos que se estén adelantando en contra de alcaldes del departamento, así como representantes legales de las empresas sociales del Estado (ESE), con el fin de establecer si dicha Entidad ha dado aplicación al principio de "verdad sabida y buena fe guardada", exigiendo la suspensión provisional de otros servidores públicos.

El Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, hizo un fuerte llamado de atención a los contralores territoriales sobre este tema, dado que se han evidenciado situaciones repetitivas de abuso de la figura de suspensión provisional de alcaldes y secretarios. La Contraloría General de la República está dispuesta a intervenir cuando sea necesario, anunció.

También alertó a propósito de las campañas electorales que se avecinan, dado que se prestan para que estas situaciones comiencen a aumentar por todos los factores políticos que se manejan en los territorios.

SIA Misional modernizado inicia fase de operatividad

17 de marzo de 2023

Con la modernización del Sistema de Información de Auditoría, la Auditoría General sigue apostándole a la tecnología como parte activa de su misionalidad.
En abril la Contraloría General y 65 contralorías territoriales, deberán presentar rendición de cuentas trimestral a la AGR.

Con una prueba piloto desde la ciudad de Armenia, hoy se llevó cabo el proceso de entrega del SIA Misional modernizado, sistema de información de la Auditoría General de la República por medio del cual se recibe la rendición trimestral, semestral y anual de cuentas de la Contraloría General de la República y su fondo de bienestar y de las contralorías territoriales.

La Auditora General de la República, Alma Carmenza Erazo Montenegro, manifestó su satisfacción con la puesta en funcionamiento de la aplicación, y dijo que “Con la modernización del SIA Misional, estamos cumpliendo con nuestro compromiso institucional, plasmado en nuestra propuesta estratégica. Con este mejoramiento pretendemos aportar valor agregado al control fiscal y con ello, buscamos facilitar las labores de las contralorías territoriales”.

A través del SIA Misional se administran los procesos de auditoría y se calculan los indicadores que permiten generar datos estadísticos de la información de rendición de la cuenta, a través de módulos como el SIREL, Sistema de Rendición Electrónica de cuentas, que proporciona interfaces para las operaciones básicas de rendición y cargue de información, entre otras.

Diego Fernando Uribe Velásquez, Auditor Delegado para la Vigilancia de la Gestión fiscal, dijo al poner en operación el sistema: “La transformación de las herramientas tecnológicas representan un reto, pero con el liderazgo de la AGR, todos los proyectos tecnológicos que nos hemos propuesto se han concretado. Con esta prueba piloto en la contraloría municipal de Armenia, pondremos a prueba esta innovación y promoveremos la gestión del cambio”.

El proceso de mejoramiento y modernización del SIA Misional, estuvo a cargo de un equipo de ingenieros especializados en las diferentes etapas de desarrollo de sistemas informáticos, liderados por el Grupo de Tecnologías de la Información y Comunicaciones –TIC-, con el objetivo de articular y sacar el mejor provecho de estas herramientas tecnológicas.

“El papel del Grupo de TIC es traducir la orientación estratégica en desarrollo tecnológico y con ello aportar a la transformación del control fiscal. Gracias a la participación del equipo de ingenieros y al trabajo articulado entre la Auditoría Delegada y la Oficina de Planeación, fue posible lograr este moderno desarrollo que facilitará la forma de rendir cuentas por parte de los organismos de control fiscal”, concluyó Álvaro Aroca, ingeniero coordinador del Grupo TIC de la AGR.

La primera fase de operatividad del SIA Misional estará en pleno funcionamiento para la rendición trimestral de la cuenta que comienza el próximo 10 de abril.

Quienes cuestionan la labor de las contralorías, desconocen los verdaderos impactos del control fiscal: Auditor Delegado

10 de febrero de 2023

En V Encuentro Nacional de Contralores, Auditor Delegado destacó el mejoramiento de la contralorías territoriales.
Las contralorías territoriales cuentan con solo el 44% de los funcionarios del control fiscal colombiano, y con ello deben realizar todo su proceso de vigilancia y control.
$1,9 billones es la cifra reportada como beneficios cuantitativos del control fiscal territorial en 2022.

El Auditor Delegado para la Vigilancia de la Gestión Fiscal, Diego Fernando Uribe Velásquez, señaló durante su intervención en el V Encuentro Nacional de Contralores, que las cuentas de la vigencia 2022 rendidas por las contralorías territoriales, arrojaron datos relevantes que deben ser analizados en el marco de las reformas que se proponen para fortalecer el control fiscal territorial.

De acuerdo con la información recibida por la Auditoría General en el proceso de rendición de cuentas de las contralorías, estas entidades reportaron como beneficios cuantitativos del control fiscal territorial la suma de 1.9 billones de pesos.

Al respecto, Uribe Velásquez manifestó que “Las contralorías vienen realizando su función de manera rigurosa y esto se ve reflejado en los impactos territoriales, los cuales lastimosamente, en ocasiones son desconocidos por la ciudadanía”.

En tal sentido, recordó el Auditor Delegado que a pesar de que solo el 44% de los más de 10 mil servidores públicos del control fiscal, están vinculados a las 66 contralorías territoriales, el ejercicio de la función pública del control fiscal entrega beneficios cualitativos y cuantitativos, el resarcimiento del daño patrimonial en proceso de responsabilidad fiscal, el recaudo en cobro coactivo y sus dificultades, y la efectividad de las acciones de los planes de mejoramiento, entre otros logros que benefician la gestión y las finanzas de las regiones.

Los retos del 2023

“Hay que reconocer el cumplimiento de las contralorías territoriales en sus deberes de rendición de cuenta, de esta manera se facilita el proceso auditor que adelantaremos a las contralorías territoriales durante el presente año, así mismo el proceso de certificación de la gestión de las contralorías territoriales de la vigencia 2022, la cual se expedirá a más tardar el 31 de marzo del presente año”, dijo Diego Fernando Uribe, quien además destacó avances en la adopción, implementación y puesta en marcha de la Guía de Auditoría Territorial – GAT- que ha fortalecido los procesos misionales.

Así mismo, Uribe Velásquez instó a los contralores a tener en cuenta que el ejercicio de vigilancia y control a desarrollar este año por las contralorías, estará rodeado por la actividad democrática de las elecciones territoriales del mes de octubre, sobre lo cual advirtió que “… es importante que tengan un control del ejercicio de la función pública a su cargo evitando cualquier tipo de injerencia o intervención en los procesos electorales, pues dichas situaciones afectan gravemente la credibilidad de los entes de control fiscal”, y agregó que cualquier actuación contralora debe corresponder a aspectos meramente técnicos y jurídicos que respeten las garantías constitucionales.

Finalmente, señaló como otro desafío importante para 2023, el relacionado con la vigilancia de la prestación del servicio de alumbrado público que en distintos municipios y distritos del país ha sido concesionado y cuya fuente de financiación corresponde a un impuesto, por tanto ha sido carente de un control fiscal efectivo.

Reflexiones sobre el control social en la Sultana del Valle

30 de enero de 2023

La Auditoría General de la República está comprometida con el desarrollo y la transformación social. Para ello, a lo largo de su historia, ha formalizado diversos convenios interinstitucionales con organizaciones estatales, gremiales, académicas, entre otras.

Uno de estos convenios es el realizado con la Institución Universitaria Antonio José Camacho, con el cual se busca impulsar trabajos de investigación que aporten en el ejercicio del control social y el control fiscal.

Como resultado de esta alianza, las estudiantes Ingrid Andrea Aguilera Bustos y Angie Paola González Niño, sustentaron el día de ayer la tesis de grado “Reflexión crítica sobre el proceso y resultados de los procedimientos propuestos para el control social y fiscal en el ejercicio de las veedurías ciudadanas en Santiago de Cali”, trabajo que se realizó con la colaboración activa de veedores ciudadanos de esa ciudad y el apoyo técnico de la AGR a través de la Gerencia Seccional III.

De esta manera, la Auditoría sigue promoviendo la participación ciudadana en la vigilancia de los recursos públicos, porque si #EsPosible hacer del control social el mejor ejercicio anticorrupción.

AGR presenta informe de gestión ante la Corte Suprema de Justicia

05 de diciembre de 2022

A través de la Academia Virtual de la AGR, 2.961 funcionarios del control fiscal se capacitaron durante el último año.
En materia de contratación, en 2021 se celebraron 145 contratos. En 2022 fueron 125 los suscritos.
En 2021 se realizaron 79 auditorías programadas; hasta septiembre de 2022, otras 41.
En el último año se han atendido con oportunidad y de fondo, un total de 901 peticiones ciudadanas.

La Auditora General de la República, doctora Alma Carmenza Erazo, presentó su informe de rendición de cuentas de la vigencia 2021-2022 ante la Corte Suprema de Justicia, una vez cumplido tres años al frente del organismo de control.

Uno de los principales logros durante su administración, fue haber obtenido, bajo los lineamientos de las normas ISO, la certificación de un sistema de gestión antisoborno. Un reconocimiento que ubica a la Auditoría General de la República como la primera entidad del orden nacional en contar con un sistema de gestión complementario en la lucha contra la corrupción.

Por otra parte y con una inversión en infraestructura cercana a los 330 millones de pesos, se culminó con la remodelación de las sedes de las gerencias seccionales de Cali y Bucaramanga.

Desde el punto de vista de la gestión de los procesos de responsabilidad fiscal, se puso en operación una herramienta tecnológica denominada: SIA Fiscal, con la cual se consiguió reducir a cero el riesgo de prescripción, gracias al seguimiento en línea a cada uno de los procesos que se están tramitando y que a la fecha suman 86.

En cuanto al proceso misional de la promoción de la participación ciudadana, y siguiendo las directrices de austeridad en el gasto, en el último año, asistieron 1.524 personas a 94 actividades virtuales de carácter pedagógico. El propósito es mejorar la capacidad de interacción de los colombianos con la institucionalidad pública.

Otro de los logros significativos ha sido el sostenimiento que se le ha dado al programa de certificación de auditores de las 66 contralorías territoriales que hay en todo el país.

Entre 2021 y 2022, con la participación de 2.500 funcionarios, se llegó al 70% de los auditores. En 2023 la meta es el 100% con la capacitación de 3.500 funcionarios presentes en las contralorías que hacen presencia en la geografía nacional.

Los documentos publicados en asocio con reconocidas universidades del país es otra muestra de la rigurosidad científica con la que la AGR aborda los temas derivados del control fiscal.

A la fecha, esta entidad tiene vínculos de carácter académico y de investigación científica con la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (España), Universidad de Los Andes, Universidad Externado de Colombia, Universidad Santo Tomás, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente – CCE, entre otras.

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