Acercamiento AGR y Unicef en defensa de los derechos de la infancia

21 de febrero de 2020

Auditoría General inicia su Plan General de Auditoría 2020

07 de febrero de 2020

Bogotá, 7 de febrero de 2020. Con la aprobación del Plan General de Auditorías –PGA–, la Auditoría Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal estableció los lineamientos que orientarán la ejecución del proceso auditor para la actual vigencia.

Según Luz Jimena Duque Botero, Auditora Auxiliar de la Auditoría General de la República y encargada de liderar la Auditoría Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal en esta primera etapa de gestión de la actual administración, la implementación del PGA 2020 se diseñó con el objetivo de auditar a los 67 organismos de control fiscal del país, sujetos de vigilancia.

“El ejercicio auditor que se ha programado, está orientado a la realización de auditorías que muestren la realidad de las contralorías del país, tanto en su labor misional como en los procesos administrativos y de gestión, enfatizando en la calidad de los productos generados, el mejoramiento de los procesos misionales y el recaudo en jurisdicción coactiva de las contralorías territoriales”, afirmó Duque Botero.

El Plan General de Auditorías 2020 inicia el próximo 17 de febrero a nivel nacional.

Documentos relacionados

AGR definió su Plan Estratégico Institucional 2020-2023

Transformado el Control Fiscal

23 de enero de 2020

Atendiendo a la Propuesta Programática presentada por la Doctora Alma Carmenza Erazo Montenegro, Auditora General de la República, el equipo directivo de la Entidad diseñó la plataforma estratégica institucional para el periodo 2020-2023, “Transformando el Control Fiscal”, la cual recoge los derroteros que marcan tanto las necesidades de su Grupo de Valor, es decir, de las contralorías territoriales, como las prioridades que plantea la reforma al Control Fiscal en el país. En esta medida, la Auditoría General de la República estableció los grandes desafíos y metas institucionales a lograr en el corto, mediano y largo plazo, así como las respectivas rutas de trabajo a emprender para hacer viable la consecución de dichos desafíos.

PEI 2020-2023

Siguiendo la metodología prevista en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, se desarrolló el direccionamiento estratégico y como resultado se fraguó el Plan Estratégico Institucional (PEI) para el periodo 2020-2023.

Con base en los elementos que surgieron de un análisis reflexivo de la propuesta programática y el establecimiento de su contexto estratégico, se definieron cuatro objetivos institucionales que se pueden observar en el primer capítulo. Estos objetivos están orientados a vigilar la implementación de la reforma al control fiscal, fortalecer el control fiscal territorial, mejorar la capacidad del talento humano para realizar el ejercicio auditor, y fortalecer la capacidad institucional de la propia AGR para responder a los grandes retos derivados de la reforma, así:

OBJETIVO INSTITUCIONAL 1 - Implementar un modelo de vigilancia a la aplicación de la reglamentación del nuevo Sistema Nacional de Control Fiscal para garantizar su correcta operación.
OBJETIVO INSTITUCIONAL 2 - Fortalecer el Control Fiscal Territorial, mediante la implementación integrada de las herramientas tecnológicas disponibles.
OBJETIVO INSTITUCIONAL 3 - Incrementar la eficiencia del Sistema Nacional de Control Fiscal a través de la formación especializada de su talento humano y de los grupos de interés.
OBJETIVO INSTITUCIONAL 4 - Fortalecer la capacidad institucional de la Auditoría General de la República, a través de la aplicación del modelo integrado de planeación y gestión en todos sus procesos.

Descargar PEI 2020-2023

Auditora General en lanzamiento de Guía de Auditoría Territorial

10 de diciembre de 2019

Con la presencia de la Auditora General de la República, Alma Carmenza Erazo Montenegro, el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, la presidente del Consejo Nacional de Contralores, Adriana Escobar Gómez, y la Gerente del SINACOF, María Fernanda Rangel Esparza, hoy se llevó a cabo la presentación oficial y entrega de la actualización de la Guía de Auditoría Territorial –GAT– en el marco de las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores [ISSAI por sus siglas en inglés].

El documento fue construido por las contralorías territoriales con el acompañamiento de la Auditoría General de la República y la dirección de la Contraloría General de la República, y se constituye en un instrumento de apoyo a la gestión institucional de las contralorías para facilitar el ejercicio del Proceso Auditor mediante la aplicación articulada y simultánea de los sistemas de vigilancia y control fiscal, adecuados a las normas internacionales de auditoría –NIA– del sector público, y a las normas internacionales de auditoría para Entidades Fiscalizadores Superiores.

Alma Carmenza Erazo Montenegro, Auditora General, manifestó sobre la guía que “[…] esta va a servir para que todas las contralorías territoriales unifiquen criterios y el control fiscal sea de mejor calidad, efectivo y ayude a que luchemos en un mismo nivel contra la corrupción”.

Entre los cambios que trae la guía, están la denominación de ‘auditoría regular, especial y exprés’, por ‘auditoría financiera y de gestión, desempeño y de cumplimiento’.

Auditora General presentó propuestas para incluir en leyes reglamentarias del Acto Legislativo No. 04 de 2019

06 de noviembre de 2019

Hoy, en las instalaciones de la Contraloría General de la República, se reunieron la Auditora General de la República, Alma Carmenza Erazo Montenegro, el Contralor General de la República, Calos Felipe Córdoba Larrarte, y representantes de las organizaciones sindicales de ambos organismos de control, con el propósito de presentar las diferentes propuestas que fueron concertadas y que son impactadas por la reforma del control fiscal introducida en el Acto Legislativo No. 04 de 2019.

La Auditora General, entre otras propuestas que solicitó fueran incluidas en las leyes reglamentarias del acto legislativo, expuso la necesidad de incrementar la capacidad de desarrollo misional de la AGR, teniendo en cuenta que la entidad participará activamente en la implementación del Sistema Nacional de Control Fiscal, y ratificó el firme propósito de trabajar mancomunadamente por el fortalecimiento del control fiscal nacional y territorial.

Seleccionada buena práctica de la Auditoría General de la República

15 de diciembre de 2014

El Ministerio de Relaciones Exteriores, el Departamento Nacional de Planeación –DNP– y la Agencia Nacional de Cooperación –APC–, seleccionaron la buena práctica “Control a la Gestión del Control Fiscal” de la Auditoría General de la República.

La elección hace parte de un proceso de selección en el que son identificadas aquellas experiencias que estén utilizando medios y metodologías novedosas y competitivas en sus diferentes etapas de ejecución y que contribuyan a la eficiente gestión de una institución.

Uno de los criterios de selección de las buenas prácticas seleccionadas es que se puedan replicar y adaptar en otros contextos, con el propósito de potenciar intercambios de conocimiento a partir de la Cooperación Sur-Sur –CSS–.

Luego que una práctica es seleccionada es introducida en el catálogo y queda disponible para atender solicitudes de asistencia técnica que puedan recibirse de países de América Latina y el Caribe, Asía, África y Eurasia, regiones con las que se comparte la guía.

“En este proceso, la buena práctica de Control a la Gestión de Control Fiscal presentada por su institución fue evaluada y seleccionada con un porcentaje de 89 por el Grupo de Trabajo de Buenas Prácticas”, sostuvo la Agencia Nacional de Cooperación.

Las buenas prácticas seleccionadas permiten forjar sinergias y fortalecer el intercambio de conocimiento, experiencias y lecciones aprendidas en materia de desarrollo social y económico.

Reunión de contralores 2015 y presentación de la Revista Sindéresis

02 de febrero de 2015

A la Fiscalía fueron trasladados hallazgos de auditoría especial a la Contraloría General

10 de febrero de 2015

En virtud de la auditoría especial al proceso de contratación de la Contraloría General de la República, la Auditoría General dio traslado a la Fiscalía General de la Nación de 9 presuntos hallazgos penales.

Uno de los contratos que fue objeto de traslado a la Fiscalía, es el que la Contraloría General suscribió con la firma Deloitte Asesores y Consultores Ltda., para actualización del manual de procedimientos de esa entidad por $464 millones.

La Auditoría General de la República advirtió que no está de acuerdo con la forma con la que la Contraloría estableció el valor de la contratación teniendo en cuenta que la misma entidad en el año 2012 suscribió el contrato No. 574 cuyo objeto fue igualmente la misma actualización del Manual de Contratación el cual fue celebrado por la suma de $87 millones.

Por tal motivo para la Auditoría puede existir un presunto detrimento patrimonial de más de $374 millones.

En la Auditoría Especial se cuestiona además el contrato 464 de 2013, también suscrito con la firma Deloitte Asesores y Consultores cuyo objeto fue: “prestación de servicios profesionales para el análisis y revisión de los procedimientos de la Contraloría General de la República, para la elaboración del presupuesto, ejecución, seguimiento y un análisis del grado de cumplimiento del mismo al 30 de septiembre de 2013”.

La Auditoría General de la República advierte que no se acreditó la experiencia requerida en los estudios previos de los tres profesionales de alto nivel y otros dos profesionales adscritos a esa firma para la ejecución del contrato. Asimismo se dio traslado a la Fiscalía General de la Nación de los contratos No. 025 y 213 de 2013 por supuesto incumplimiento de los requisitos de experiencia suscrito con la firma Deloitte Advisory S.L.

El contrato 025 tenía por objeto: “la implementación de una segunda fase dentro del análisis de la información financiera efectuada por la migración a la versión II del Sistema Integrado de Información Financiera –SIIF–”.

Respecto a ese contrato se cuestiona que no se pudiera acreditar el título profesional, título en formación avanzada (especialización o maestría), ni la experiencia solicitada de los funcionarios que encargados de esa función. Solo se halló un diploma de uno de los funcionarios como licenciado en ciencias económicas.

Entre tanto el objeto del contrato 213 fue: “la definición y desarrollo de los procedimientos de conciliación bancaria, cierres contables y gestión de multas administrativas”. En este caso de los profesionales que asumieron las funciones propias el objeto del contrato solo se encontró un título en master en desarrollo de sistemas para el comercio electrónico.

La Auditoría General dio traslado además del contrato 065 que supuestamente fue firmado sin el lleno de los requisitos legales, y no acreditar idoneidad y experiencia. El contrato consistió en “prestación de servicios de apoyo a la gestión en la recolección, redacción, escritura y evaluación de materiales que puedan servir de base de publicaciones al despacho de la Contraloría…”.

Para la Auditoría General los soportes académicos y laborales presentados por el contratista no cumplen con los requisitos para determinar las exigencias. “El certificado de estudio presentado por el contratista es de país extranjero sin apostillaje o certificación convalidación en Colombia y las certificaciones laborales no tienen fecha de cuándo se prestó el servicio”, señala el informe.

A la Fiscalía también fue trasladado el contrato 636 suscrito también con la firma Deloitte Advisory S.L. El objeto del contrato era “revisar la conciliación de la información financiera de la Contraloría General de la República afectada por la migración de la información a la versión 2 del Sistema Integrado de Información Financiera –SIIF–, y gestión de multas y embargos”.

En este contrato la Auditoría General de la República cuestiona la idoneidad del personal empleado para el cumplimiento del objeto de esa obligación.

Los contratos suscritos por la Contraloría General de la República con Deloitte Advisory S.L. y Deloitte Asesores y Consultores Ltda., suman $2.324.600.000 lo cual podría constituir presuntamente el delito de interés indebido en la celebración de contratos.

“Teniendo en cuenta los múltiples contratos suscritos por la Contraloría General de la República con los mencionados contratistas y cuyos objetos han sido de manera común el tema financiero, se evidencia un favorecimiento indebido hacia estos contratistas toda vez que los diferentes contratos han sido tramitados mediante la modalidad de contratación directa, es decir sin participación de otros oferentes”, advierte el informe de la auditoría especial.

También fueron remitidos a la Fiscalía los contratos de prestación de servicios de tres secretarias y dos conductores cuyo presunto detrimento patrimonial se estima en $178.428.984. La Auditoría General cuestiona que esas funciones pudieron ser asumidas por personal de planta de la Contraloría General y no por personal con contratos de prestación de servicios.

Dentro de los hallazgos que fueron remitidos a la Fiscalía también se encuentra el suministro de combustible de un vehículo de propiedad de la ex contralora Sandra Morelli, que no pertenecía al parque automotor de la Contraloría General. A junio de 2014 la suma del suministro ascendió a $1.730.034.

Auditora general participó en firma del Pacto por la Transparencia en Medellín

15 de marzo de 2015

Con la participación de la Auditora General de la República, Laura Emilse Marulanda Tobón; el Contralor General de Medellín, Juan Carlos Peláez Serna, y distintos representantes de los sectores público, privado y académico, se llevó hoy a cabo en la ciudad de Medellín la firma del Pacto por la Transparencia y la Participación Ciudadana, evento realizado en el marco de la celebración del Día Internacional de la Lucha Contra la Corrupción.

El evento, en el que más de 90 empresas público-privadas y entidades educativas adhirieron al pacto, tenía como objetivo llamar la atención de los medios de comunicación, gremios y entidades privadas para que apoyen la iniciativa de la Red de Transparencia y Participación Ciudadana.

Esta iniciativa, que es liderada en Antioquia de la Contraloría General de Medellín, busca unir esfuerzos en pro de la transparencia para fortalecer el control social y promover la legalidad en la ciudadanía.

Recuperados más de 180 millones de pesos por la Auditoría en procesos de responsabilidad fiscal

19 de febrero de 2015

La Auditoría General de la República logró la recuperación de $181.341.142 en desarrollo de procesos de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva que adelantó en virtud de su labor de vigilancia de la gestión fiscal a la Contraloría General de República y a las contralorías departamentales, distritales y municipales.

En uno de los procesos, efectuado en la Contraloría del Cesar, fueron recuperados $110.841.145. La Auditoría General también logró la recuperación de $3.678.850 en un proceso efectuado en relación con la Contraloría del Amazonas.

Entre tanto, en desarrollo del proceso de responsabilidad fiscal por hechos relacionados con irregularidades en el suministro de combustible a un vehículo que no hacía parte del parque automotor de la Contraloría General de la República, se han logrado recuperar $7.904.178.

En otro proceso adelantado en la Contraloría Departamental del departamento del Vichada se logró la recuperación de $400.000.

Los dineros recuperados corresponden a recaudos obtenidos en lo corrido de 2015.

En uno de los procesos, efectuado en la Contraloría del Cesar, fueron recuperados $110.841.145. La Auditoría General también logró la recuperación de $3.678.850 en un proceso efectuado en relación con la Contraloría del Amazonas.

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