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Auditor hace fuerte llamado de atención frente al uso masivo de la contratación directa en las entidades territoriales del País

06 de diciembre de 2018

BOLETÍN DE PRENSA 18-032

Auditor General de la República hace fuerte llamado de atención frente al uso masivo de la contratación directa en las entidades territoriales del País

• Por esta vía se contrataron, durante la vigencia fiscal de 2017, un total de 853.336 contratos por un valor de $22,38 billones.

• En licitación pública solo 5.132 contratos por $6,95 billones

• En contratación directa, el mayor valor corresponde a contratos de prestación de servicios, representados en 457.079 contratos por $7,23 billones.

La Auditoría General de la República, para conocer el comportamiento de la contratación pública durante la vigencia fiscal 2017 en las entidades territoriales, realizó un análisis de la información reportada por los sujetos de control de las contralorías territoriales.

De dicho análisis, llama poderosamente la atención del Auditor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, el uso indiscriminado de la contratación directa, en donde la excepción se ha vuelto regla, con 853.336 contratos reportados por $22,38 billones, mientras que por licitación pública se suscribieron únicamente 5.132 contratos que involucran recursos por $6,95 billones.

Genera alerta de este organismo de control, el hecho de que 20 contratistas en la vigencia 2017, hayan contratado directamente en el nivel territorial un total de $1,41 billones, que corresponden al 6,32 del valor total de la contratación realizada mediante esta modalidad ($22,38 billones) por las entidades territoriales del país durante la vigencia referida.

Así mismo, se evidenció que los 10 departamentos con mayor concentración de contratación directa son en orden: Antioquia con 147.044 contratos por

$4,62 billones (20,65); Cundinamarca con 74.023 contratos por $2,55 billones (11,39); Valle del Cauca con 51.268 contratos por $1,82 billones (8,12); Santander con 50.268 contratos por $1,64 billones (7,32), y Atlántico con 30.487 contratos por $1,27 billones.

Igualmente, destacó el Auditor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, que el principal mecanismo a través del cual se efectúa la contratación directa en las entidades territoriales, es el contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, mediante el cual se suscribieron 457.079 contratos por valor de $7,23 billones (20,84 del total de contratos celebrados por los entes territoriales en la vigencia analizada).

"De conformidad con la Sentencia C -824/13 la carrera administrativa es un eje axial de laConstitución, por lo cual al empleo público se debería acceder por mérito y concurso; sin embargo, de acuerdo con las cifras enunciadas el mecanismo del contrato de prestación de servicios puede haberse trasformado en una herramienta para eludir los concursos y crear nominas paralelas", resaltó Rodríguez Becerra.

En este contexto, los cinco Departamento con mayor contratación directa por prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión son en su orden: Antioquia con 20.430 contratos por $767.862,08 millones, Cundinamarca con

38.851 contratos por $664.441,05 millones, Valle del Cauca con 32.800 contratos por $647.279,87 millones, Atlántico con 25.220 contratos por $564.265,94 millones y Santander con 32.566 por $533.731,851 millones.

A nivel municipal, las 5 entidades territoriales con mayor contratación por prestación de servicios son: Santiago de Cali con 24.503 contratos por $495.273,96 millones (6,84), Medellín con 6.525 contratos por $415.239,83 millones (5,74), Barranquilla con 6.189 contratos por $270.786,09 millones (3,74), Cartagena con 9.053 contratos por $178.045,91 millones (2,46) y

Popayán con 2.044 contratos por $115.631,49 millones (1,60).

Encuentra la Auditoria General de la República que la contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión se ha convertido en una de las tipologías contractuales de mayor utilización por parte de la administración territorial, situación que debe llamar la atención de las diferentes entidades, así como de los órganos de control, para evaluar desde sus competencias la situación correspondiente.

"Todo lo anterior, merece especial atención tanto por las entidades gubernamentales regionales, comopor los organismos de control fiscal territorial, con el fin de garantizar que los procesos contractualesse encaminen a resolver las necesidades reales de la población, más que a suplir deficiencias de lasplantas de personal, para mantener el funcionamiento normal de las entidades", concluyó el Auditor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra.

Auditoría General de la República inició auditoría a la Contraloría General de la República

04 de febrero de 2019

BOLETÍN DE PRENSA 19-001

Auditoría General de la República inició auditoría a la Contraloría General de la República

La Auditoría General de la República realizó hoy la instalación de la auditoría regular a la Contraloría General de la República, la cual se desarrollará hasta el 30 de Agosto de 2019.

En virtud de la realización de esa auditoría regular se evaluarán las operaciones administrativas, económicas, financieras y misionales de la Contraloría General.

El acto de instalación contó con la participación del Contralor General República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte y su equipo directivo, así como con la del Auditor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, quien estuvo acompañado por el Secretario General de la Auditoría, Jaime Escobar Vélez, el Asesor, Luis Fernando Ayala Pabón, y la Directora de Control Fiscal, Adriana Carolina Vergara Ávila, líder del equipo auditor que está integrado por quince funcionarios de la Auditoría General de la República.

En opinión del Auditor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, la realización de esta auditoría regular es un escenario para identificar oportunidades de mejora a la Contraloría General de la República.

Auditor General recomienda liquidar fondos de bienestar de las contralorías territoriales

03 de mayo de 2019

Se ha detectado que en algunas contralorías se realizan actividades distintas a su misión, en cuantía de más de $1.964 millones.

Bogotá. 3 de mayo de 2019. El Auditor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, recomendó liquidar los fondos de bienestar de las contralorías territoriales por cuanto algunos se están utilizando para fines distintos a su misión.

"Unos de ellos se han convertido en la caja menor de las contralorías para realizar compras no relacionadas con su objetivo: el bienestar de sus funcionarios. En efecto, han gastado sus recursos en botellas de agua, papelería para uso de las contralorías, suministro de elementos de aseo y cafetería para las contralorías, viajes de turismo, mantenimiento de vehículos y contratación con terceros para ejecutar actividades distintas a su misión entre otros", reveló Rodríguez Becerra.

De la evaluación integral efectuada por la Auditoría General de la República –AGR–, producto de la rendición de cuenta de cada una de las contralorías territoriales y de la revisión a la contratación realizada por los fondos de bienestar social, se observa que el presupuesto de estos se ha convertido en una especie de "fondo rotatorio", dedicado a atender gastos de las contralorías, más que a desarrollar las actividades propias para las cuales fueron creados, alertó el Auditor General de la República.

Destacó, además, que las asambleas departamentales y los concejos municipales del país no contaron con criterios unificados para la creación de los fondos de bienestar social y capacitación para los funcionarios de esos organismos de control. La ley prevé 2 para ello, el cual deberá ser ejecutado dentro del presupuesto de gastos de funcionamiento de la respectiva contraloría.

"Son recursos públicos y, entre otros, tienen como fuente los que por concepto de multas imponen las contralorías. Por tanto, todos tienen que ser auditados y quienes no rindieron en oportunidad o entorpecen la labor del proceso auditor por no suministrar la información, se someterán a las sanciones correspondientes, así como al respectivo traslado a la Procuraduría General de la Nación, para que, de igual forma, intervenga para lo de su competencia", puntualizó Rodríguez Becerra.

En resumen, recalcó el Auditor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, de las 65 contralorías territoriales, en 30 de ellas se han organizado este tipo de fondos de bienestar social: 15 como fondos cuenta y 15 como establecimientos públicos. Las 35contralorías restantes ejecutan directamente los recursos asignados en los rubros de bienestar social y capacitación –como debe ser– y se someten al control fiscal de la AGR.

Llama la atención que el número de funcionarios de las contralorías que cuentan con estos fondos es realmente bajo, en comparación con las que no los tienen; tal es el caso de las contralorías del Vaupés, que tiene 6 funcionarios, Guainía 7, Amazonas 8 y Vichada 9, entre otras, situación que no justifica la creación de este tipo de fondos.

Finalmente, la Auditoría General de la República ha demandado ante la jurisdicción contencioso-administrativa, la nulidad simple de la constitución de estos fondos de bienestar social, procesos que están en curso.

"Es necesario ponerle orden al manejo de los recursos destinados al bienestar social de los funcionarios, pero ejecutarlos directamente por las contralorías, por cuanto la figura de los fondos se ha ido convirtiendo en una manera de obviar el control y tercerizar la contratación, en algunos casos. Además, esos fondos hasta hoy no habían sido sometidos a un riguroso control", concluyó el Auditor General, Carlos Hernán Rodríguez.

El control fiscal en Colombia: débil por falta de recursos

27 de febrero de 2019

BOLETÍN DE PRENSA 19-003

Auditor General de la República en Congreso Nacional de Contralores

El control fiscal en Colombia: débil por falta de recursos

Por cada peso que el país invirtió en las contralorías, éstas deben controlar, en promedio, $630,80 del presupuesto asignado a sus sujetos de control.
El panorama es tan precario que hay contralorías en las que por cada funcionario hay hasta 25 sujetos y puntos de control.
Existe riesgo de que parte de los recursos públicos del nivel territorial no hayan sido auditados.

Un fuerte llamado hizo el Auditor General de la Republica, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, para que las contralorías territoriales y la Contraloría General de la República, no bajen la guardia en el ejercicio del control fiscal en el país.

Otro de los argumentos fuertes en la radiografía presentada por la AGR en el primer Congreso Nacional de Contralores, que se desarrolla en Bucaramanga, está en la falta de recursos económicos y humanos para una mayor cobertura a la vigilancia del erario. La insuficiencia de los mismos, pone en dificultades a los organismos de control fiscal para atender con eficiencia y oportunidad la vigilancia de los recursos públicos. En promedio, por cada peso que el país invirtió en las contralorías durante 2017, éstas debieron controlar $630,80 del presupuesto ejecutado por los sujetos de control, encontrando contralorías que por cada peso asignado en su presupuesto controlaron hasta $3.026.

Rodríguez Becerra recalcó en su presentación que el presupuesto destinado históricamente a la financiación del control fiscal en el país ha sido a todas luces insuficiente, y el panorama a mediano plazo no es promisorio pues en el Plan Nacional de Desarrollo propuesto, "Pacto por Colombia", se tiene previsto para los próximos cuatro años, destinar 111 billones de pesos al Pacto de Legalidad que incluye los sectores defensa, justicia, seguridad y organismos de control. Es decir, 58 billones de pesos menos que en el cuatrienio pasado, situación que podría afectar notoriamente el panorama.

Igualmente, el Auditor General de la República alertó respecto de otra variable que pondría en riesgo el cumplimiento de la misión constitucional y legal de estas entidades: se encontró que cerca del 80 de los funcionarios de los organismos de control, están dedicados a desarrollar labores propias del control fiscal existiendo algunas contralorías donde el 50 de los funcionarios están dedicados a labores administrativas. En el mismo sentido se evidenció que hay contralorías en las que la precariedad del talento humano es tan significativa, que por cada funcionario de esta área hay hasta 25 sujetos y puntos de control.

Otro llamado de atención de la AGR, tiene que ver con la disparidad de criterios para determinar la conceptualización y alcance respecto de los sujetos y puntos de control. Esta falta de unificación de quién es sujeto o punto de control, incrementa el riesgo de que el control fiscal no llegue a donde debe llegar y de que una parte de los recursos públicos del territorio de competencia de las contralorías que presentan inconsistencias en la información, no estén siendo auditados.

Sin embargo, reiteró el Auditor General, se deben emplear criterios claros y unificados para identificar los sujetos y puntos de control, siendo necesario que las contralorías lo establezcan mediante acto administrativo.

Llama la atención de la AGR, la gravísima precariedad en la calidad de la información que reportan los organismos de control territorial, aspectos que evidencian la urgencia con la que debe intervenirse el control fiscal por la vía de la formulación e implementación de una Política Pública de Control Fiscal dirigida a asegurar la operación armónica del Sistema Nacional de Control Fiscal (SINACOF).

"En conclusión, lo qué no tolerará la Auditoría General de la República, es qué no se cumplan las reglas establecidas para el reporte de información, pues las inconsistencias detectadas perjudican la eficiencia y eficacia del control fiscal. Por eso, estamos iniciando procesos administrativos sancionatorios a los contralores del país que no hayan cumplido de manera oportuna y veraz con su obligación de presentar la información correspondiente", subrayó Carlos Hernán Rodríguez Becerra, Auditor General de la República

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