• Estos recursos corresponden al 33 por ciento del Programa de Alimentación Escolar

El Auditor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, convocó a las contralorías territoriales para que expliquen su gestión sobre los recursos auditados del Programa de Alimentación Escolar –PAE– en departamentos y municipios.

"La meta es fortalecer las herramientas de control que coadyuven a minimizar los riesgos de corrupción en el manejo de estos recursos en las entidades territoriales responsables de su ejecución", declaró el Auditor General.

Igualmente, Rodríguez Becerra está alertando que se han encontrado inconsistencias en la información suministrada sobre los recursos ya ejecutados de este programa y que "… esto está dejando dudas al respecto de las cifras. Queremos revisarlas en detalle con los contralores territoriales, por tal razón nos reuniremos con el Ministerio de Educación, Controlaría General, Procuraduría y Fiscalía, para coadyuvar en el control a los recursos que se invierten para ejecutar este programa en las regiones".

Y agregó: "El Programa de Alimentación Escolar es clave para fortalecer la permanencia de los estudiantes en los colegios y no podemos permitir que esos recursos, más del 33 del programa que aportan las regiones, más de seiscientos mil millones de pesos, queden por ahí sin ponerles la lupa".

Este bloque de acción interinstitucional permitirá que los malos manejos no se queden sólo en denuncias y se proceda con vehemencia y prontitud a sancionar a esos gestores que por alguna razón no cumplen con sus obligaciones.

"No solo será para el PAE, pondremos los lentes también en fortalecer el control en otros recursos importantes como los de salud y regalías", destacó Rodríguez Becerra.

Este encuentro con las contralorías territoriales, Ministerio de Educación, Procuraduría , Contraloría General y la Fiscalía se llevará a cabo el 27 y 28 de febrero en el Salón Monserrate del Hotel Tequendama.

Vale la pena destacar que es función de la Auditoría General de la República ejercer la vigilancia de la gestión fiscal de la Contraloría General de República y de las contralorías departamentales, distritales y municipales, conforme a los procedimientos, sistemas y principios establecidos en la Constitución. Su misión es la de "coadyuvar a la transformación, depuración y modernización de los órganos instituidos para el control de la gestión fiscal, mediante la promoción de los principios finalidades y cometidos de la función administrativa consagrados en la constitución política, el fomento de la cultura del autocontrol y el estímulo de la participación ciudadana en la lucha para erradicar la corrupción, además de facilitar recursos y apoyo técnico, científico, académico o práctico que contribuya a los procesos de mejoramiento de las contralorías territoriales.".