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Auditor rechaza los presuntos hechos de corrupcion en Contraloría de Antioquia

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​BOLETÍN DE PRENSA 19-008

Bogotá, 2 de septiembre de 2019

 

Auditor General de la República rechaza los presuntos hechos de corrupción en Contraloría de Antioquia

 

  • Pide fortalecimiento de competencias a la AGR
  • Hace llamado a la CGR

El Auditor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, rechazó de manera vehemente los presuntos actos de corrupción evidenciados por la Fiscalía General de la Nación en la Contraloría Departamental de Antioquia.

Rodríguez Becerra advirtió que esta situación pone en evidencia la crisis del sistema del control fiscal, la necesidad imperiosa de su reforma, la urgencia de despolitizar la elección de los contralores y las limitaciones en las competencias de la Auditoría General de la República para intervenir en los asuntos propios de sus sujetos de control.
Destacó el Auditor General que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 274 de la Constitución Política y el Decreto Ley 272 del 2000, la AGR es un organismo que vigila la gestión fiscal de la Contraloría General de la República y las contralorías territoriales del País, y coadyuva a la transformación, depuración y modernización de los órganos instituidos para el control de la gestión fiscal, y enfatizó que ante la grave crisis del control fiscal en Colombia, este organismo de control no cuenta con la facultad constitucional y legal para intervenir en las actuaciones misionales realizadas por sus sujetos de control.

Señaló Rodríguez Becerra, que en lo que respecta a la competencia de la Auditoría General de la República, la Honorable Corte Constitucional en Sentencia C-1176 del 24 de noviembre de 2004, estableció:

"(…)Es claro entonces, que por disposición constitucional, la vigilancia de la gestión fiscal de la Contraloría General de la República le corresponde a la Auditoria, sin que por tal circunstancia, ésta pueda convertirse en ente superior de aquella en cuanto al direccionamiento de la vigilancia y control fiscal, pues la atribución constitucional conferida a la Auditoria solo se restringe a la vigilancia de la gestión fiscal de la Contraloría General, según así lo precisa la propia Constitución. (…) Atribución que le corresponde ejercer a la Auditoria, respecto de la Contraloría General y las territoriales, de conformidad con los mismos principios y sistemas de control fiscal establecidos en la Constitución y la ley para todas las entidades y organismos del Estado.

(…)

Por su parte, la Auditoría, al ejercer la vigilancia de la gestión fiscal de la Contraloría, tampoco podrá invadir la autonomía administrativa, presupuestal y jurídica asignada por la Constitución a éste organismo; así como tampoco, por no ser su superior, podrá interferir la función misional que en atención a los artículos 267 a 273 le corresponde ejercer a la Contraloría General, ni interferir tampoco la de las Contralorías territoriales, quienes actúan de conformidad con las prescripciones que sobre los métodos y la forma de rendir cuentas los responsables del manejo de fondos o bienes de la Nación y con las indicaciones y criterios de evaluación financiera, operativa y de resultados que ha determinado el Contralor General de la República, al igual que actuarán de acuerdo con las normas generales que éste funcionario profiere para armonizar los sistemas de control fiscal de todas las entidades públicas del orden nacional y territorial." (Negrilla fuera de texto)

En igual sentido, el Consejo de Estado[1] ha resaltado que:

"La vigilancia de la gestión fiscal que ejerce la Auditoria General de la República, tampoco puede estar orientada a efectuar controles sobre la legalidad o juicio de validez de la actuación administrativa de la contraloría vigilada, porque tal competencia es de la jurisdicción contencioso administrativa. El control de legalidad que ejerce se refiere a la comprobación o verificación de las actuaciones financieras, administrativas, económicas o de otra índole que siempre estará referida al manejo de los bienes, rentas y recursos de la contraloría vigilada a fin de que se realicen conforme a las normas que le sean aplicables.

Por ello, el control de legalidad que le corresponde efectuar a la Auditoria General de la República, está claramente limitado a la verificación de las normas aplicables en la administración del patrimonio público, en cuanto a la utilización del mismo en el cumplimiento de las funciones atribuidas a las entidades por ella vigiladas, sin que pueda hacerse extensivo al control de legalidad de las actuaciones de las autoridades administrativas vigiladas por las contralorías Nacional, departamentales y municipales; tampoco se extiende al control de legalidad que compete constitucionalmente a la jurisdicción contencioso administrativa". (Negrilla fuera de texto)

Agregó el Auditor General de la Republica, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, que es necesario que el marco normativo y jurisprudencial amplíe el campo de acción de la AGR y sus competencias frente al pronunciamiento de fondo sobre el ejercicio auditor realizado por las Contralorías, dado que se evidenció que en este escenario es donde se han denunciado presuntos hechos de corrupción como los recientemente ocurridos en la Contraloría Departamental de Antioquia en donde, a cambio de dádivas, se negociaron hallazgos.

Concluyó Rodríguez Becerra, que este panorama solo devela la crisis del control fiscal en Colombia, del cual hacen parte todos los órganos de control, incluida la Auditoría General de la República. Por tanto, es indispensable que el proyecto de reforma de acto legislativo sobre el fortalecimiento del control fiscal en el país, le otorgue herramientas jurídicas y técnicas contundentes para que puedan ejercer su vigilancia de manera integral, eficaz, eficiente y efectiva, de lo contrario situaciones como las que se presentaron en Antioquia se seguirán repitiendo.

Finalmente, el Auditor General, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, manifestó que una vez analizado todo lo que está sucediendo en la Contraloría de Antioquia, invita a la Contraloría General de la República para que dentro del ámbito de su autonomía, conforme a lo dispuesto por la Constitucion Nacional y la ley frente a determinadas actuaciones específicas adelantadas por el órgano departamental, reconsidere la posibilidad de asumir el control excepcional sobre las actuaciones adelantas por esta contraloría departamental, hoy cuestionadas de manera grave a juicio de la Auditoría General de la República.

 

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[1] Concepto sala de Consulta. Consejo de Estado 1392 de 2002

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